Adital - La Solidaridad Fronteriza rechazó la iniciativa del diputado José Ricardo Taveras de presentar al Congreso Nacional una resolución para solicitar al Gobierno que reanude la repatriación masiva de haitianos indocumentados. La organización formuló un llamado a los congresistas para que velen por el respeto a las leyes de los derechos humanos de todos los extranjeros residentes en el país de forma regular o irregular.

Los haitianos que viven en el país, en su mayoría indocumentados, trabajan en plantaciones y en la construcción, con salarios muy inferiores a los de los dominicanos. Una petición del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM) exige que el Estado dominicano interrumpa de inmediato todo tipo de operativo para lograr la expulsión de todos los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana.

Por el puesto fronterizo de Dajabón, están siendo expulsados hacia Haití cientos de niños, mujeres, trabajadores migrantes sin verificar el status legal de su permanencia en la República Dominicana, basándose solamente en el color de su piel. Ya han sido expulsadas alrededor de dos miles personas: entre ellas muchas nacionales dominicanas de tez negra por su ascendencia haitiana.

Las expulsiones masivas han tenido origen en la difícil situación que se ha producido en la comunidad de Hatillo Palma (Montecristi) tras el asesinato de una mujer por manos de presuntos nacionales haitianos, en mayo. Es el quinto caso de asesinato de personas residentes en la comunidad atribuido a nacionales haitianos en los últimos tres años. Este último caso desató la ira de grupos de ciudadanos armados, quienes obligaron a la minoría haitiana, bajo amenaza de muerte, a abandonar sus casas.

En vez de responder al solo fin de protección de la minoría haitiana amenazada de muerte, las autoridades están aprovechando la ocasión para llevar al cabo la más grande expulsión masiva de los últimos años. Las autoridades militares y de la Dirección General de Migración (DGM) argumentan que se está tratando de un operativo de "repatriación" contra los migrantes ilegales.

Las personas que están siendo transportadas cuentan que están siendo sacadas de sus casas a las seis de la mañana y montadas en vehículos sin permitírseles recoger sus pertenencias; sin tener el tiempo de avisar a sus familiares, dejando atrás algún hijo o uno de los padres.

La ciudad fronteriza haitiana de Wanament está sumergida en un estado de grave emergencia frente a esta llegada masiva de expulsados, debido a la inexistencia de los más mínimos servicios básicos. Para el SJRM, esta grave situación humanitaria es el fruto de la "doble moral" con la que están actuando las autoridades dominicanas.

El SJRM pide que el Estado dominicano asuma su responsabilidad para formular una clara y justa política migratoria en la cual se respeten las leyes vigentes en materia de derechos humanos de todas las personas y que contribuya a detener la entrada ilegal de los migrantes y favorezca las relaciones con aquellos que residen de manera legal en el país.